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News Release

Blog: La industria petroquímica amenaza la salud pública con la coartada del COVID-19

Por Jim Vallette / Traducido por Verónica Odriozola

Jim Vallette es presidente de Material Research L3C, una compañía que construye hogares eco-amigables y colabora con organizaciones de todo el mundo en un amplio espectro de proyectos de justicia ambiental, vinculados a los datos y la información. 


En tiempos de crisis, como la presente pandemia, suele haber un aluvión de actos de bondad humana. También están aquellos que convierten la crisis en oportunidad -- para ellos mismos. Algunos acopian desinfectantes de manos y otros productos esenciales hasta que sus precios se disparan. Algunos televangelistas como el estafador condenado Jim Bakker venden productos por internet con afirmaciones infundadas como que “puede matar cualquiera de estos virus conocidos.” Algunos políticos venden acciones después de acceder a informes de inteligencia sobre una amenaza creciente, al mismo tiempo que le dicen a la población que no se preocupe por ella.

Pero las industrias química y de combustibles fósiles dieron un golpe mucho mayor al obtener un pase libre del presidente-- específicamente, el final de la vigilancia ambiental sobre sus operaciones, permitiendo a las compañías emitir contaminantes al aire y al agua sin consecuencias. Es correcto: el final de la vigilancia ambiental, es decir que pueden emitirse aún más contaminantes tóxicos sin que el gobierno en nombre de la gente les preste atención. 

Las asociaciones de industrias como el American Chemistry Council y el American Petroleum Institute se movieron velozmente para capitalizar la pandemia del coronavirus al alegar que son esenciales para la salud de la población. Por ejemplo, Ned Monroe, director ejecutivo del Vinyl Institute, escribió en un blog de la compañía a mediados de marzo: “Dado que los funcionarios públicos están considerando si es necesario cerrar las fábricas no esenciales, es imperativo que le recordemos a los tomadores de decisiones que la fabricación de PVC [cloruro de polivinilo] y nuestra cadena de suministros son críticos en el combate de la propagación de la infección, las enfermedades y en proteger la salud pública.”

En respuesta a éste y otros reclamos de los líderes de la industria, el 19 de marzo, el presidente declaró un amplio rango de industrias como “esenciales para la continuación de la viabilidad de la infraestructura crítica.” Según la directiva, esto incluye a las productoras de petróleo y gas natural, las fábricas de sustancias químicas, las plantas de cloro-soda y los fabricantes de plásticos de un solo uso -- de los cuales no todos son esenciales durante esta crisis, y muchos tienen un historial de contaminación problemático. 

Ese pase presidencial fue el primero de dos golpes al estómago para nuestra salud ambiental colectiva y pública.

El otro vino el 26 de marzo, cuando la Agencia de Protección Ambiental anunció en un memorándum que no exigiría más a las compañías el cumplimiento de la mayoría de sus leyes.

El memo de la agencia manifiesta que la “EPA no buscará penalidades por la violaciones a los monitoreos de rutina, la integridad de los testeos, los muestreos, los análisis de laboratorio, las capacitaciones y las obligaciones de realización de informes o certificaciones en situaciones donde la EPA acuerde que el COVID-19 fue la causa del incumplimiento.” Y agrega, “[la] EPA no planea requerir a las empresas que ‘se pongan al día,’” en estas obligaciones una vez que la crisis haya terminado. La administración Trump también recompensó a sus amigos en la industria al hacer estas medidas retroactivas al 13 de marzo.

En este simple memo, la EPA acoge con beneplácito que las industrias contaminantes emitan sus venenos al aire y al agua en el medio de la mayor crisis de salud pública desde la pandemia de influenza de 1918. Muchas de las plantas ahora-exentas-de-vigilancia están en sitios potencialmente candentes en relación al COVID-19. Tal vez, la mayor preocupación inmediata es el cordón de industrias petroquímicas y de plásticos a lo largo del río Mississippi, entre Baton Rouge y Nueva Orleans, en Luisiana.

Los científicos especializados en salud pública advierten sobre potenciales interacciones entre la contaminación del aire y las infecciones respiratorias provocadas por virus, especialmente para la gente con afecciones pulmonares preexistentes.

“La decisión de la EPA de debilitar la aplicación de las normas de contaminación podría hacer que una situación mala se convierta en una peor en un momento en el que la demanda por atención médica ya se encuentra agobiada,” dijo Kathy Fallon Lambert de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de la Universidad de Harvard a Scientific American, esta semana. “Es un triple golpe inescrupuloso que podría llevar a aumentar la demanda por atención médica, aumentar las enfermedades respiratorias por contaminación del aire y aumentar los casos de COVID-19.”

“Las acciones de la EPA son reprobables,” dijo Gretchen Goldman, Director de Investigación en el Centro de Ciencia y Democracia de la Union of Concerned Scientists. “La agencia debería estar trabajando para abordar el daño desproporcionado que enfrentan las comunidades cercanas a industrias contaminantes, en lugar de darle a las empresas un pase libre para que empeoren los impactos sobre la comunidad.” 

Aún en los mejores momentos, las industrias químicas emiten grandes volúmenes de contaminantes aéreos como dicloruro de etileno e isocianatos. Estos causan asma, alteran el sistema respiratorio de los trabajadores y de las personas que habitan en la dirección del viento, lo que aumenta aún más la vulnerabilidad frente al novedoso coronavirus. 

Refugiarse en un lugar, tristemente, no es un concepto nuevo para la gente de todo el país que vive cerca de industrias químicas. “Aproximadamente 124 millones de personas en todo los Estados Unidos, casi el 40% de la población del país, vive dentro de las tres millas de las plantas químicas de alto riesgo,” según un estudio de 2018 de la Environmental Justice Health Alliance for Chemical Policy, Coming Clean y la Campaign for Healthier Solutions. “Su salud, su bienestar y hasta su cultura están en peligro por la amenaza de una explosión o un escape catastróficos, y por otros determinantes de la salud, incluidas la falta de acceso a alimentos saludables y la exposición diaria a sustancias químicas tóxicas emitidas al aire por los establecimientos industriales, los productos de uso doméstico y por los materiales de construcción empleados para fabricar sus casas.”

Con la reducción de personal y la desaparición de los controles, las explosiones, los incendios y otros incidentes en las plantas petroquímicas podrían aumentar. El 28 de marzo, murió un operario en Westlake Chemical en Geismar, Luisiana. Esta planta tiene una larga historia de indignantes violaciones de las leyes laborales y ambientales. Aunque este incidente laboral en particular no esté vinculado con el abandono por parte de la EPA de la aplicación de las normas ambientales, muestra cómo el continuo funcionamiento de plantas químicas y fábricas de plásticos pobremente manejadas podría exigir al límite a los equipos de respuesta en el momento precisamente equivocado. 

“Desde el 26 de marzo, bajo una orden de la Casa Blanca, la EPA publicó una ‘Política de Aplicación a Discreción’, básicamente tirando afuera la seguridad pública y la seguridad química,” dijo José T. Bravo, Director Ejecutivo de la Just Transition Alliance. “Los trabajadores en la primera línea de las fábricas de sustancias químicas y las comunidades linderas con la exposición están en riesgo extremo debido a estas medidas despiadadas. Estamos viviendo una época en la que este abordaje descarado para desmantelar las medidas de seguridad es inadmisible y al límite con lo criminal.”

Al menos 10 trabajadores de cuatro plantas químicas de Baton Rouge, Luisiana, un centro global de la industria petroquímica, ya han resultado positivos al test del nuevo coronavirus. Esto incluye a cuatro contratistas de la planta cercana de Dow en Plaquemine, cuatro trabajadores de la planta de BASF en Geismar y al menos una persona que trabaja en la fábrica química de Denka, en LaPlace. Un contratista de la planta de plaguicidas de Monsanto en Luling murió de enfermedad respiratoria después de haber dado positivo el testeo para el virus.

Las normativas presidenciales dicen que deben priorizarse las “industrias esenciales” “en relación a la continuidad del funcionamiento y la respuesta ante incidentes.” En otras palabras, se priorizará la distribución de los equipos de respuesta para estas industrias, aun cuando hay una necesidad creciente para que estas valientes personas estén en otros lugares. ¿A dónde irá la gente que quiera resguardarse del virus cuando tenga que escapar por un escape químico? ¿Cuánto más severo será el COVID-19 para la gente que vive cerca de chimeneas contaminantes, que ya padecen de impactos sobre su salud respiratoria por las exposiciones a sustancias químicas?

Algunas actividades industriales son verdaderamente esenciales para la lucha contra el nuevo coronavirus. Esto no significa que la la industria petroquímica como un todo sea esencial, o que no debería tener efectivamente ninguna supervisión. Es difícil encontrar el beneficio para salud pública de la producción de resinas plásticas que son exportadas a China para fabricar juguetes, por ejemplo.

Hay una necesidad urgente de detallar qué partes de la industria --planta por planta, unidad por unidad-- son verdaderamente esenciales, y de trabajar con las comunidades linderas y los trabajadores para asegurar que la contaminación de las industrias petroquímicas no amplifique la crisis de salud local.

Hace tiempo ya que la industria química --las partes no esenciales-- debió haber reducido su huella como el resto de nosotros. 

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